
El Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez, al concluir que incumplió reglas de conducta y aprovechó su liberación para asilarse en la Embajada de México.
El Poder Judicial impuso 5 meses de prisión preventiva contra la expremier Betssy Chávez, investigada por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La decisión fue adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien revocó la comparecencia con restricciones al constatar que la exfuncionaria violó las reglas de conducta impuestas durante el proceso.
En la resolución —a la que tuvo acceso este medio— el magistrado ordena la ubicación y captura nacional e internacional de Chávez, encargando la ejecución a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Interpol.
El juez sostuvo que la exjefa del Gabinete dejó de asistir al control biométrico y se ausentó del juicio oral, tal como lo había advertido la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
Según el documento, es “evidente” que Chávez Chino incumplió las restricciones que se le impusieron, desacato que justifica la variación de la medida para salvaguardar el proceso judicial. Checkley también señala que la investigada “habría aprovechado” la decisión del Tribunal Constitucional, que ordenó su liberación, para asilarse en la Embajada de México en Lima, donde permanece desde el 3 de noviembre.
El magistrado afirmó que el peligro de fuga es “palpable” y que existe un “riesgo cierto de frustración” del juicio oral, lo que obliga a imponer la medida más severa. Recordó, además, que desde el inicio de la investigación la Corte Suprema advirtió que la exfuncionaria intentó ocultar su celular, extraer equipos de la PCM y llegar a la Embajada de México tras el golpe de Estado.
El Pleno del Congreso no alcanzó los votos necesarios para inhabilitar a Chávez por 10 años, al registrar 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones. Sin embargo, la decisión podría revertirse: los congresistas Jorge Montoya, Norma Yarrow y Eduardo Castillo han solicitado reconsiderar la votación.
La fecha del nuevo debate será definida por la presidencia del Congreso, actualmente a cargo de Fernando Rospigliosi.
Mientras tanto, el Gobierno peruano mantiene en suspenso el salvoconducto solicitado para Chávez, quien continúa en la Embajada de México. El canciller Hugo de Zela anunció que el caso será llevado ante la OEA en Washington a inicios de diciembre para obtener un pronunciamiento regional.
El Ejecutivo enfatizó que existe un “uso indebido” del derecho de asilo, recordando que la Convención de Caracas de 1954 no puede ser utilizada para evadir la justicia nacional.
Fuente: 'Infobae'
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