Exclusi�n social y criminalidad

I. EXCLUSIÓN SOCIAL

1. Concepto

        El término «exclusión social», relativamente nuevo, hace referencia a los obstáculos que encuentran determinadas personas para participar plenamente en la vida social, viéndose privadas de alguna o varias de las opciones consideradas como fundamentales para su desarrollo humano. En este término se incluyen los procesos sociales que provocan situaciones de ruptura con los que pueden ser considerados modelos de vida normales dentro de la sociedad. La persona, paulatina y progresivamente, se va alejando de los estándares normalizados y pierde los vínculos con la sociedad. La noción de exclusión nació asociada a la marginalidad y la pobreza, pero su contenido es más amplio que el de estos dos conceptos. La exclusión social puede definirse como «el proceso de desafiliación social, económica y relacional, constituyéndose como un problema multidimensional, tanto en sus causas (desempleo, bajos ingresos, enfermedad, ruptura familiar) como en el acceso precario a los derechos que constituyen la ciudadanía». El concepto de exclusión se considera adecuado para explicar las nuevas formas de marginación social, especialmente las asociadas a fenómenos migratorios.

        Los factores susceptibles de provocar situaciones de exclusión social son múltiples y están en continuo cambio, dependiendo de la sociedad y del momento histórico, y aparecen relacionados con las políticas sociales y las pautas culturales. Las dinámicas de exclusión son complejas, influyen muy diversos y diferenciados factores, siendo cinco las variables más importantes que intervienen en el proceso: laborales, económicas, culturales, personales y sociales. Se viene considerando excluidos a aquellos sujetos que, por su propia situación desventajosa en el seno de una sociedad, no reciben los beneficios del crecimiento y el progreso económico de ésta. Pero no todas las personas se muestran vulnerables en la misma medida a los procesos de empobrecimiento y de exclusión social. El desempleo, la precariedad laboral u otras situaciones de desventaja social, no afectan de igual forma a toda la población. Hay grupos particularmente vulnerables a los procesos de exclusión social, como son los jóvenes, las personas discapacitadas, los inmigrantes, las minorías étnicas, las mujeres, las personas mayores, los parados, personas excedentarias porque no tienen trabajo, donde últimamente se han incluido a los que no tienen capacidad de consumo, sobre los que no se puede imponer una disciplina y eso los convierte en peligrosos para la sociedad, estableciéndose dos tipos de ciudadanos, los incluidos y los excluidos. Los excluidos conforman un grupo de riesgo para la seguridad ciudadana. La crisis económica y del Estado del bienestar, ha tenido como consecuencia la sustitución de las políticas sociales de inclusión por una política de control, incrementando la intervención penal8. Ante el aumento de la exclusión social, considerada como inevitable, y la reducción de las políticas asistenciales, al derecho penal le corresponde la gestión y distribución de riesgos mediante el control de estos grupos de excluidos sociales.

1.A. Causas de exclusión social:

a) Pobreza

        La pobreza ha sido y sigue siendo, una de las principales causas de exclusión social y un factor de la criminalidad. En las grandes ciudades crecen las bolsas de pobreza debido, en buena medida, a llegada de personas desfavorecidas buscando oportunidades laborales, en estos casos, a la pobreza se une la lucha por la vida, con el consiguiente aumento de los inadaptados, que en situaciones desfavorables y adversas, tienen que realizar un mayor esfuerzo para adaptarse a la nueva forma de vida, y en estos casos será más fácil que puedan recurrir a la realización de delitos para sobrevivir. La pobreza es un problema para el que la padece, que se convierte también en un problema social de marginación y aislamiento que puede ocasionar conflictos sociales. La pobreza es una de las causas de la criminalidad íntimamente ligada a las políticas sociales. El fracaso de las mismas lleva a la pobreza y ésta a la delincuencia, razón por la que las cárceles están llenas de pobres. Las personas más desfavorecidas son el grupo más representado en el sistema de justicia penal, según recoge Naciones Unidas. Los miembros de las clases más pobres tienen más riesgo de cometer delitos que los ciudadanos socialmente mejor situados, pues la mayor parte de los delitos que se cometen son como consecuencia de la carencia de medios económicos. En los estudios realizados sobre delincuentes en el siglo pasado, se comprobó que la casi totalidad de los sujetos que ingresa en prisión tiene problemas económicos o laborales, que pueden concurrir junto con otros factores, lo que lleva a afirmar que en las prisiones ingresan los sujetos de las clases más humildes.

        Las políticas económicas neoliberales llevaron a un paulatino retroceso de la intervención del Estado en políticas sociales de ayuda al desempleo, e introdujeron importantes modificaciones en el mercado laboral, para incrementar la productividad y la riqueza, con un aumento de la precariedad en el empleo, de la pobreza y la desigualdad con repercusiones en la criminalidad.

        Con la globalización y los grandes flujos migratorios, ha aumentado la pobreza de gran parte de la población, sobre todo entre los inmigrantes, lo que hace que sean vistos como una amenaza para la sociedad y se reclame la intervención sobre los mismos. En las ciudades, los pobres se desplazan a barrios periféricos, se produce una segregación espacial y exclusión social. En esta realidad social, en la ciudad de Nueva York surgen las políticas de «tolerancia cero», que tienen por objeto la pequeña delincuencia, los mendigos y los sin techo, que se encuentran en el centro de las ciudades. Estos grupos generan una percepción de inseguridad en los ciudadanos, que aducen que su conducta desordenada atrae el delito, por lo que son expulsados a los barrios desfavorecidos. Se produce una constante inspección y control de la policía sobre los pobres en los espacios públicos, para tranquilizar a la población.

        La nueva situación económica ha introducido nuevos modelos en las relaciones de trabajo, con la precarización del empleo, lo que se traduce en contratos basura, largos periodos de desempleo, muchas veces sin apenas contraprestaciones sociales, una inseguridad permanente, estas circunstancias favorecen el florecimiento de una potente economía sumergida. En muchos casos, el trabajo que se oferta es en el sector servicios, que exige muy baja o casi nula cualificación, en unas condiciones extremas de precariedad, realizado, en su mayor parte, por mujeres o personas pertenecientes a determinadas minorías étnicas. Este grupo de personas, trabajadores precarios, genera grupos de población en las grandes ciudades y en los núcleos urbanos, que viven en el umbral de la pobreza, que puede llegar a realizar actividades delictivas cuando carezcan de recursos, son considerados grupos de riesgo, representan un peligro para la sociedad y contribuyen a generar una sensación de inseguridad en el resto de los ciudadanos. El desempleo se concentran en grupos ya desfavorecidos por su posición profesional, elevándose el riesgo de quedarse sin trabajo de las personas con escasa cualificación profesional, las mujeres, los extranjeros, las personas mayores y los jóvenes, que todavía no han tenido oportunidad de acceder a un puesto de trabajo, pero junto a estos, el paro adquiere una extensión masiva que afecta a todos los grupos sociales, lo que genera cada vez más pobreza. El paro puede convertirse en un factor criminógeno y llevar a la realización de actos de violencia callejera o delitos relacionados con la seguridad ciudadana. Por el contrario, el empleo es un factor esencial de inclusión social.

        Desde hace algunos años se está produciendo una feminización de la pobreza, que afecta a las mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad debido, entre otras posibles causas, a la recesión económica, la disminución del presupuesto para gasto público, la existencia de familias monoparentales, las situaciones de separación y divorcio, ancianas que viven solas, las mujeres inmigrantes y las pertenecientes a minorías étnicas, estas circunstancias provocarían un aumento del número de mujeres pobres. La gestión de la pobreza por parte de los poderes públicos difiere según el género, de tal forma que, la atención a la pobreza femenina se presta desde los servicios sociales, mientras que el derecho penal se encarga de gestionar la pobreza masculina, con un elevado ingreso en prisión de hombres pobres.

        Son necesarias políticas sociales contra la pobreza para evitar la comisión de delitos, en lugar de recurrir al derecho penal para criminalizar esta situación, pues su utilización tendrá un carácter simbólico, ya que las normas penales no pueden resolver el problema de la pobreza y la marginación.

b) Raza

Tradicionalmente ha sido, y lo es en la actualidad, una cualidad que constituye una de las principales causas de exclusión social y de marginación. Se realiza un mayor control sobre grupos de determina

(Continúa...)

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