PJ aprueba plan 2025 para fortalecer la Ley N� 30364

Medidas buscan mejorar su implementación en las cortes

El Poder Judicial (PJ) ha dado luz verde al ‘Plan de Actividades 2025 del Programa Nacional de Implementación de la Ley N° 30364’, un documento clave que define las acciones para continuar con la aplicación efectiva de esta norma en distritos judiciales que aún no forman parte del Sistema Nacional Especializado de Justicia para casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

De acuerdo con la Resolución Administrativa N° 045-2025-CE-PJ, este plan también tiene como objetivo fortalecer las capacidades de jueces, personal jurisdiccional y administrativo en el manejo de casos de violencia de género, asegurando una respuesta más rápida y eficiente.

Un programa clave para la justicia

El Programa Nacional de Implementación de la Ley N° 30364 fue creado el 10 de febrero de 2016 mediante Resolución Administrativa N° 020-2016-CE-PJ. Su propósito es garantizar la correcta aplicación de esta legislación, que establece procesos judiciales más ágiles y con mayores garantías para la protección de las víctimas.

Para ello, el programa debe responder a nuevas exigencias presupuestales que permitan cumplir con los plazos establecidos en la norma, asegurando así su eficacia y alcance en todo el país.

En la actualidad, está conformado por las 34 Cortes Superiores de Justicia del país, entre ellas Áncash, Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Lima, La Libertad, Piura y Tacna, entre otras.

Coordinación y mecanismos de protección

El Poder Judicial enfatiza la necesidad de articular esfuerzos con estas 34 cortes, a fin de consolidar un servicio de justicia eficiente y comprometido con los derechos de las víctimas de violencia.

La Ley N° 30364, publicada el 23 de noviembre de 2015, tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para ello, la norma establece una serie de mecanismos integrales de prevención, protección y reparación, además de medidas de sanción y reeducación para los agresores. Su aplicación efectiva es fundamental para garantizar a las víctimas una vida libre de violencia y el pleno ejercicio de sus derechos.

Fuente: Diario Oficial El Peruano

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