
El Poder Judicial fijó para este 19 de noviembre la audiencia virtual en la que el exmandatario Francisco Sagasti deberá responder por el presunto abuso de autoridad relacionado con el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional durante su gestión en el 2020. La diligencia está programada desde las 8:00 a. m. y forma parte de la investigación preliminar abierta por el Ministerio Público.
La Procuraduría Pública, en su calidad de actor civil, solicita una reparación económica de S/400 mil, monto que también alcanza a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, quienes participaron en las decisiones que reestructuraron la cúpula policial. Según la entidad, las medidas adoptadas por el Gobierno afectaron la estabilidad interna de la PNP y vulneraron procedimientos establecidos para los ascensos y retiros.
El caso se remonta a noviembre de 2020, cuando el Ejecutivo decidió reordenar el mando policial en medio de la crisis política. La decisión generó fuerte controversia, pues implicó el retiro de oficiales con amplia trayectoria y alteró la línea de antigüedad que tradicionalmente guía la carrera policial. La versión oficial apuntaba a una necesidad de recomponer la cadena de mando y restablecer la confianza en la institución.
Sin embargo, diversas resoluciones emitidas por el Gobierno fueron cuestionadas por supuestamente carecer de sustento objetivo, lo que motivó recursos legales de los oficiales afectados. Estas acciones llevaron a la apertura de una investigación fiscal que terminó por incluir al expresidente y a los exministros responsables del sector Interior.
La Procuraduría sostiene que el pase al retiro se realizó sin motivación suficiente y que generó un perjuicio institucional dentro de la PNP. Por ello, ha solicitado al juez que evalúe su pedido de reparación durante la audiencia y que ratifique su participación como parte agraviada en el proceso. La entidad considera que las decisiones tomadas alteraron la estabilidad administrativa de la institución policial y deben ser analizadas judicialmente.
Durante la audiencia del 19 de noviembre, el juez deberá determinar si procede admitir el pedido de reparación civil, así como evaluar los elementos que sustentan la imputación por presunto abuso de autoridad. La defensa del exmandatario buscará desacreditar los cuestionamientos y precisar los alcances de las resoluciones emitidas en el 2020.
Aunque esta etapa aún no establece responsabilidad penal, sí será clave para definir el rol de las instituciones involucradas y los puntos centrales de las próximas diligencias. El caso sigue bajo especial atención por su impacto en la estructura de mando de la Policía Nacional y sus posibles implicancias políticas y administrativas.
Los cambios aplicados durante el Gobierno de Sagasti generaron un reacomodo inmediato en la estructura policial. Oficiales que estaban en línea de sucesión asumieron altos cargos, mientras otros quedaron fuera de la institución de forma repentina. Especialistas en seguridad señalan que esta modificación afectó el funcionamiento operativo de la PNP en los meses posteriores y dejó dudas sobre el respeto al debido proceso en la carrera policial.
Los generales retirados sostienen que la medida no solo truncó abruptamente su trayectoria profesional, sino que además representó una posible vulneración de sus derechos laborales, al no haberse explicado con claridad las razones de su relevo.
Fuente: 'Infobae'
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