Colegio de Abogados de lima denuncia a la JNJ y Gálvez: Acusación inmediata por desacato a Delia Espinoza

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha emitido un fuerte pronunciamiento en el que acusa a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de ignorar una orden judicial que exigía la reposición inmediata de Delia Espinoza como fiscal suprema. La institución alerta sobre un grave "deterioro institucional" motivado por cálculos políticos.

El panorama en el Sistema de Justicia peruano se ha vuelto más tenso tras la grave denuncia realizada por el CAL. Mediante un comunicado oficial, el gremio de abogados expresó su profunda preocupación por la flagrante omisión de la JNJ y de Tomás Gálvez a la resolución del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que ordenaba la pronta restitución de Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación, con una fecha límite que vencía el pasado 14 de noviembre.

El CAL no dudó en calificar esta negativa como una seria afectación al principio fundamental del Estado de derecho y una acción que cuestiona la autonomía e integridad de las instituciones de justicia en el país. La entidad es contundente al señalar que detrás de esta resistencia se esconden “intereses políticos”.

"Desde la Junta Directiva del CAL vemos con preocupación el deterioro institucional en el país, el incumplimiento de las decisiones judiciales en el marco de un Estado Democrático de Derecho, que mella al Sistema de Justicia y, en particular, al Poder Judicial, así como el desvío de las decisiones judiciales por decisiones políticas”, se lee en el documento.

Para el Colegio de Abogados de Lima, esta conducta por parte de los funcionarios no solo justificaría una acusación constitucional en su contra, sino que además les otorga la libertad de “vulnerar el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas” debido al aparente respaldo que poseen.

Delia Espinoza también ha reaccionado, presentándose ante la Corte Superior de Justicia de Lima para exigir la celeridad de los trámites administrativos y la notificación oficial de la sentencia. La magistrada suspendida considera que la JNJ y el fiscal interino están incurriendo en un manifiesto desacato, y advierte que esta situación solo genera mayor incertidumbre en la gestión del Ministerio Público.

Espinoza sostiene que la demostración de “resistencia y desobediencia a la autoridad” por parte de las entidades obligará al juez a ejecutar y exigir la inmediata entrega del cargo. Pese a los cuestionamientos administrativos y un pedido de aclaración por su defensa, la magistrada insiste en que la reincorporación debe ser un hecho sin más obstáculos. Finalmente, el CAL exhortó a Gálvez y a la JNJ a acatar la decisión judicial, sentando un ejemplo de respeto al Estado de derecho.


Fuente: 'Infobae'


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