Celis Mendoza advierte: el Tribunal Constitucional excede sus funciones al realizar subsunción penal

El jurista Celis Mendoza cuestiona la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso Keiko Fujimori, señalando que el órgano constitucional habría incurrido en una extralimitación de competencias al pronunciarse sobre aspectos propios del derecho penal, lo que pone en riesgo la estructura misma del Estado de Derecho.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el proceso por el caso Cócteles ha generado un intenso debate jurídico. Para Celis Mendoza, el fallo evidencia una confusión conceptual entre el control de constitucionalidad —que evalúa la razonabilidad del proceso— y el control de tipicidad penal, que corresponde exclusivamente al Poder Judicial.

Según el jurista, la decisión del TC de analizar si la imputación penal contra Keiko Fujimori fue correcta constituye una invasión competencial. “El Tribunal no puede sustituir al juez penal bajo el argumento de proteger derechos fundamentales”, advierte Mendoza.

El autor subraya que la demora en un proceso judicial no justifica que el TC asuma funciones penales. “La mora procesal se combate con medidas correctivas, no con invasiones competenciales”, sostiene. De lo contrario, advierte, se corre el riesgo de convertir al TC en una “cuarta instancia”, afectando la independencia judicial.

Asimismo, Mendoza identifica en la sentencia un razonamiento circular: se sostiene que el TC puede revisar la subsunción porque debe garantizar la legalidad penal, y debe garantizarla porque puede revisarla. “El argumento gira sobre sí mismo. El TC controla la razonabilidad constitucional, pero no define el tipo penal aplicable”, explica.

El especialista precisa que el principio de legalidad penal prohíbe tanto condenar sin ley previa como procesar por tipos inexistentes, pero advierte que no todo error de tipicidad justifica la intervención del juez constitucional. De lo contrario, el control se volvería discrecional e imprevisible, lo cual es incompatible con la seguridad jurídica.

Para Mendoza, la defensa del Estado de Derecho no radica en ampliar los poderes del Tribunal Constitucional, sino en preservar los límites que garantizan la separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales. “Cada juez en su función, cada poder en su medida. El remedio no puede devorar la competencia”, concluye.


Fuente: 'Celis Mendoza'


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